CSD y Antidopaje: "La justicia española debe resolver el caso Valverde"

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CSD y Antidopaje: "La justicia española debe resolver el caso Valverde"

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Agencia Antidopaje han manifestado que "debe ser la justicia española" quien resuelva el caso por el que la Fiscalía Antidopaje italiana solicitó dos años de inhabilitación para el ciclista español Alejandro Valverde.

La Fiscalía Antidopaje del Comité Olímpico Italiano (CONI) ha solicitado hoy dos años de inhabilitación para Valverde, por su presunta implicación en la Operación Puerto, la red de dopaje investigada en España. Valverde también está siendo investigado por la Fiscalía de Roma en relación con este caso.

El CSD y la Agencia Antidopaje han declarado en un comunicado conjunto que la competencia de los procedimientos que se deriven de la Operación Puerto corresponde a la Federación Española de Ciclismo (FEC), que es, según ambas entidades, "el organismo competente para imponer las sanciones disciplinarias en los casos de dopaje".

"La FEC, de acuerdo con el CSD, solicitó el 23 de febrero las pruebas que le permitan iniciar los correspondientes expedientes administrativos, pruebas que se encuentran en poder del juzgado que instruye la Operación Puerto", reza el comunicado enviado por CSD y Antidopaje a los medios.

Tanto el CSD como Antidopaje han manifestado en este comunicado su "respeto" a la autonomía del CONI y a su "libre ejercicio de actuación en el ámbito de su competencia". Por su parte, la Real Federación Española de Ciclismo emitió esta tarde un comunicado, como reacción a la solicitud del Comité Olímpico Italiano (CONI) de dos años de sanción para Alejandro Valverde por una supuesta violación del Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en el que manifiesta su "respeto" por las actuaciones del CONI así como "a la presunción de inocencia" del ciclista.

La RFEC recuerda en su nota que tiene solicitadas ante el juez instructor "las pruebas precisas para poder incoar, en su caso, los expedientes disciplinarios correspondientes" a la ''Operación Puerto'' de acuerdo al ordenamiento jurídico español. El ente federativo agrega que su propósito, "en la constante lucha contra el dopaje", es "proteger el derecho fundamental de sus deportistas a participar en actividades ciclistas libres de dopaje, a fomentar su salud y a garantizar en todo momento la equidad y la igualdad en la práctica del ciclismo".