La Audiencia Provincial reabre la Operación Puerto y habrá juicio oral

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La Audiencia Provincial reabre la Operación Puerto y habrá juicio oral

La Audiencia Provincial reabre la Operación Puerto y habrá juicio oral

Considera que "existen indicios de la comisión de un delito contra la salud pública" y revoca el sobreseimiento dictado por un juzgado de instrucción de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid en el procedimiento de la Operación Puerto, lo que supone la celebración de un juicio más de dos años y medio después de que la Guardia Civil desarticulara en Madrid una trama de dopaje en la que estaban implicados decenas de deportistas. Contra este auto no cabe recurso alguno. La Audiencia cree que "existen indicios de la comisión de un delito contra la salud pública del art. 361 del Código Penal", que deben llevar a la preparación del juicio oral y no al sobreseimiento de las actuaciones. El auto del Juzgado de Instrucción 31 fue recurrido por el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio Fiscal, la Agrupación Internacional de Ciclistas Profesionales, la Agencia Mundial Antidopaje, la Federación Española de Ciclismo y la Unión Ciclista Internacional.

La Audiencia considera que "no se precisa la posesión de especiales conocimientos de medicina para saber que tanto la sangre, como el plasma, como las plaquetas y los hematíes, deben ser considerados medicamentos en cuanto que son sustancias capaces de aliviar o curar enfermedades o dolencias y de afectar a las funciones corporales, tal y como así considera el Tribunal Supremo. En cuanto a la forma de extraerse, conservarse y transfundirse la sangre y sus componentes considera, de acuerdo con el informe del Instituto General de Toxicología de 8/08/2008, que no se han cumplido los requisitos y condiciones mínimas para la obtención, preparación, conservación, distribución y suministro de la sangre y sus componentes", así por ejemplo:

-No se hacían las extracciones en locales adecuados.

-No se transportaba la sangre en recipientes idóneos.

-No existía una identificación de los donantes ni garantías de la temperatura de conservación de la sangre.

-El procedimiento era clandestino.

Todos estos datos resultan de las declaraciones de los imputados y de las diligencias de entrada y registro en los domicilios, concluyendo el tribunal que de los mismos se deriva la existencia de riesgo para la salud de las personas.