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Un jubilado es condenado a pagar miles de euros tras vender sus objetos personales para pagar el alquiler

El retraso de 15 meses en los pagos del programa de asistencia para la vivienda (HAP) llevó a una jubilada a acumular deudas y vender sus pertenencias, mientras su casera enfrenta la presión de un fondo buitre para recuperar la vivienda

Un jubilado es condenado a pagar miles de euros tras vender sus objetos personales para pagar el alquiler
Foto: Redes Sociales

La precariedad habitacional vuelve a dejar historias humanas difíciles de ignorar. Una jubilada en situación de vulnerabilidad económica, Maria Roettger, ha sido condenada por un tribunal de la Junta de Arrendamientos Residenciales de Irlanda a pagar más de 6.000 euros en concepto de alquileres atrasados. La sentencia llega tras un proceso de asistencia para la vivienda (HAP) que tomó 15 meses y dejó a ambas partes de la disputa atrapadas en un limbo administrativo.

Durante ese tiempo, Roettger se vio obligada a vender objetos personales para cubrir los pagos iniciales del alquiler, llegando incluso a pasar días sin poder permitirse una comida adecuada. La propietaria del inmueble, Ursula Sheehan, señaló que el retraso en los pagos del HAP afectó gravemente su situación financiera, ya que su hipoteca fue vendida a un fondo buitre que ahora busca recuperar la vivienda para su venta.

Una espera interminable: el caos del sistema de asistencia

El caso de Roettger pone de relieve las fallas estructurales en el sistema HAP, que en este caso tardó más de un año en procesar los pagos necesarios. Aunque el alquiler está al día desde que el programa comenzó a funcionar, los atrasos acumulados, que ascienden a 6.369,50 euros, dejaron a ambas partes en una situación límite.

Roettger explicó en el tribunal que no esperaba que el proceso tomara tanto tiempo y denunció problemas con la tramitación, como formularios enviados a direcciones incorrectas y requisitos de traducción de documentos relativos a su pensión alemana. A pesar de sus esfuerzos, incluido el pago en efectivo del dinero que logró reunir, no pudo mantener un registro detallado de las transacciones, lo que complicó aún más su defensa ante el tribunal.

Una solución insuficiente

El fallo judicial ordena a Roettger pagar la deuda en 12 cuotas mensuales, una decisión que, aunque busca equilibrar las necesidades de ambas partes, sigue dejando al descubierto un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables. Por su parte, Sheehan expresó su frustración, indicando que el proceso HAP está “roto” y lamentando las consecuencias financieras que ha enfrentado, especialmente tras la venta de su hipoteca a un fondo buitre.

El tribunal reconoció la falta de claridad en las pruebas aportadas por ambas partes, calificándolas de “deficientes”. Sin embargo, esta admisión no cambió el resultado para Roettger, quien debe asumir la responsabilidad financiera de un retraso administrativo que no fue de su creación.

El caso de Roettger no es el único que refleja las deficiencias del sistema de vivienda en Irlanda. En una sentencia paralela, el tribunal ordenó a una propietaria, Jennifer Mulryan, pagar 4.500 euros en concepto de daños y perjuicios a una inquilina que sufrió durante meses las consecuencias de una fuga importante en el techo de su apartamento en Claregalway

La inquilina, Emer Collins, describió cómo el agua de lluvia se filtraba a través de luminarias y enchufes eléctricos, poniendo en riesgo su seguridad. A pesar de que Mulryan ofreció alojamientos alternativos, estos fueron considerados inadecuados por el tribunal, que subrayó que la propietaria no podía eximirse de su responsabilidad alegando que el techo pertenecía a una empresa administradora.

Un panorama desolador

Ambos casos reflejan las grietas de un sistema que, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, agrava las dificultades económicas y emocionales de quienes dependen de él.

Mientras propietarios e inquilinos se enfrentan en los tribunales, el retraso en los procesos administrativos y la falta de soluciones habitacionales adecuadas perpetúan la vulnerabilidad de los más afectados por la crisis de vivienda.

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