Se cae fuera del trabajo, la Seguridad Social se niega a darle la incapacidad permanente y le acaba pagando 61.000 euros
El TSJ de Baleares reconoce la incapacidad parcial de una ingeniera tras una caída no laboral que le dejó secuelas irreversibles en el brazo, pese a la readaptación de su puesto por parte de la empresa.
Una trabajadora de Baleares ha ganado una batalla legal contra la Seguridad Social tras sufrir una caída fuera del ámbito laboral que le dejó secuelas permanentes en su brazo derecho. Pese a la oposición del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado su derecho a una indemnización de 60.993 euros por incapacidad permanente parcial, al no poder ejercer plenamente su profesión.
Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando la afectada, una ingeniera de telecomunicaciones que trabajaba como técnica comercial en una empresa del sector de la energía solar, sufrió una caída no laboral. La lesión, localizada en el codo y antebrazo derechos, requirió una intervención quirúrgica con placas y tornillos y derivó en graves secuelas: incapacidad para cerrar la mano, dolor persistente, y limitaciones para elevar el brazo o realizar esfuerzos.
A pesar de estas complicaciones, la empresa trató de readaptar su puesto para evitarle tareas de campo y reducir el riesgo físico. Sin embargo, los informes médicos y periciales presentados en el juicio confirmaron que sus limitaciones físicas resultaban incompatibles con funciones esenciales de su puesto original.
El INSS se opuso a reconocer la incapacidad
La Seguridad Social defendió que la trabajadora podía seguir desempeñando su puesto gracias a las adaptaciones aplicadas por la empresa, y recurrió la primera sentencia, que ya le había reconocido el derecho a recibir una prestación equivalente a 24 mensualidades de su base reguladora de 2.541 euros, por un total de 60.993,84 euros.
Sin embargo, el recurso no prosperó. El TSJ de Baleares concluyó que no se había modificado ningún hecho probado relevante y que, por tanto, se debía respetar el análisis realizado en primera instancia. El tribunal consideró demostrado que las secuelas funcionales impiden a la trabajadora realizar con normalidad tareas propias de su profesión, incluso con las adaptaciones implementadas.
El fallo subraya que “la imposibilidad de realizar las tareas relacionadas con las limitaciones señaladas” justifica plenamente la declaración de incapacidad permanente parcial.
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No obstante, aunque la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia confirma el fallo inicial, esta no es firme, y puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Por ahora, la trabajadora ha logrado un importante reconocimiento judicial, que podría sentar precedente para otros casos similares en los que una lesión fuera del entorno laboral termina afectando gravemente la vida profesional de una persona.
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