Le quitan casi toda la dentadura, cierran la clínica dental y la justicia sentencia con más de 50.000 euros de indemnización
La clínica Ortodent de El Puerto de Santa María cerró de forma repentina y dejó a un paciente a mitad de tratamiento, con graves secuelas por mala praxis médica.

Lo que empezó como una apuesta por mejorar su salud y su autoestima, terminó en una batalla legal que ha dado la razón a M.M., un paciente de El Puerto de Santa María. El juzgado ha condenado tanto a la clínica dental Ortodent Profesional Specialities Center S.L. como a la doctora que lo atendió, reconociendo una indemnización que supera los 50.000 euros por los daños sufridos.
En octubre de 2019, la víctima acudía a la clínica con la intención de iniciar un tratamiento dental de carácter estético y funcional. Solicitó un préstamo bancario para costear el procedimiento y puso su confianza en una doctora. Sin embargo, el proceso dio un giro inesperado cuando la clínica cerró sus puertas de forma repentina, dejando al paciente con el tratamiento inconcluso y con importantes secuelas físicas.
La sentencia, emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Sanlúcar de Barrameda, detalla un escenario preocupante: el paciente perdió de forma traumática 12 incisivos y caninos, además de tres premolares y molares. El informe pericial fue contundente al señalar la falta de estudios previos y de pruebas diagnósticas básicas antes de iniciar el tratamiento.
Un desenlace que podría haber sido “nefasto”
El fallo concluye que la intervención de la doctora no se ajustó a los estándares mínimos de la práctica médica, y advierte que el desenlace podría haber sido “nefasto” de no haber mediado la suerte. La actuación fue calificada de precipitada y carente del rigor necesario, aunque el juzgado diferencia entre esta negligencia y el cierre de la clínica, cuya responsabilidad recae únicamente en la empresa.
La indemnización impuesta a Ortodent asciende a 44.354 euros, repartidos en conceptos como perjuicio personal básico, secuelas y daño emergente. A la doctora, por su parte, se le imputa una parte específica del daño, con una cuantía de 9.504 euros. Además, la sentencia ordena el pago de los intereses legales correspondientes desde la fecha de la demanda.
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