La jueza abre juicio contra la pareja de Ayuso y le hará sentarse en el banquillo
Amador es acusado de varios delitos, entre los que figuran fraude fiscal, falsificación en documento mercantil o pertenencia a una organización criminal.
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sentará en el banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid. Es la decisión tomada este lunes por la jueza Carmen Rodríguez Medel con motivo de la causa de fraude fiscal. En su escrito, la magistrada recoge las peticiones de las acusaciones para que se le condene por dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a una organización criminal.
Amador fue procesado por la jueza Inmaculada Iglesias, apartada tras solicitar la jubilación voluntaria, el pasado 28 de agosto, por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil. Un caso iniciado hace ya más de tres años, allá por el mes de mayo de 2022, cuando Hacienda concluyó que la pareja de Ayuso habría defraudado 350.910 euros a través de facturas falsas.
Unos gastos que, según la denuncia del fiscal, “no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021”. Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para el empresario, que además se enfrenta a otra investigación por un presunto soborno a un directivo de Quirón, empresa de la sanidad privada.
En 2022, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria referido a una sociedad, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, del que se deduce “determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito”. Un informe que habla de dos delitos contra la Hacienda Pública, al tratarse de un “fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros”.
Pertenencia a una organización criminal
La jueza, en el escrito, incluye también el delito de pertenencia a una organización criminal, al considerar que está acreditado que, junto a otras personas (incluidos su supuesto testaferro, Maximiliano Niederer, y los facturadores falsos, David Herrera, y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo), engañaron a Hacienda con facturas falsas.
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El hecho de incluir el delito de pertenencia a organización criminal es algo a destacar, puesto que en estos casos se contemplan penas de entre tres y seis años de prisión.
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