La fiscalía considera que una autónoma de 62 años lleva 60 trabajando y el impuesto que le llega es de infarto
Una autónoma griega es erróneamente catalogada por la autoridad fiscal como si hubiera ejercido su actividad desde los 2 años, resultando en una inesperada deuda tributaria.
En Grecia, una mujer de 62 años que inició su actividad como trabajadora autónoma a principios de 2023 se vio sorprendida al recibir una notificación de la autoridad fiscal que la consideraba ejerciendo su profesión desde 1963, cuando apenas tenía 2 años. Este error administrativo la llevó a ser clasificada como una profesional con 60 años de actividad, lo que resultó en una considerable carga impositiva.
Origen del error y sus consecuencias
Según el informe del periódico Eleftheros Typos, la contribuyente realizó su registro profesional en la oficina tributaria correspondiente el 2 de enero de 2023. A pesar de haber ejercido su profesión solo durante un año y no haber generado ingresos en ese periodo, la autoridad fiscal, específicamente el Centro de Procedimientos y Servicios Fiscales de la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos, determinó incorrectamente que la profesional había estado activa durante 22.000 días, es decir, 60 años.
Como resultado, se le aplicaron los criterios de cálculo de ingresos mínimos establecidos en el artículo 28A del Código Tributario de Ingresos, que están destinados a profesionales con más de 12 años de actividad. Esto llevó a que se le imputara un ingreso ficticio de 14.494,70 euros y se le exigiera el pago de un impuesto de 3.276,96 euros.
Ante esta situación, la afectada presentó un recurso ante la Dirección de Resolución de Disputas, detallando el error y solicitando la anulación de la liquidación tributaria. Tras una investigación, el error fue reconocido y se le canceló la deuda tributaria de 3.276,96 euros que se le había impuesto incorrectamente.
El sistema tributario y la importancia de la precisión administrativa
El caso ha puesto de manifiesto la importancia de la precisión en los registros administrativos y la necesidad de mecanismos efectivos para corregir errores en los sistemas tributarios. Fallos de esta naturaleza no solo generan estrés y cargas financieras indebidas para los contribuyentes, sino que también pueden minar la confianza en las instituciones fiscales.
Por ello, es esencial que las autoridades implementen procedimientos rigurosos de verificación y proporcionen vías accesibles para la resolución de disputas, garantizando así la justicia y la equidad en la aplicación de las leyes tributarias.
La relevancia de una gestión administrativa cuidadosa y la necesidad de que los contribuyentes estén atentos a posibles errores en sus registros fiscales es fundamental para asegurarse de que cualquier discrepancia sea abordada y rectificada oportunamente.
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