En Reino Unido se hacen eco de la ruinosa compra que hicieron miles de jubilados británicos: “Ahora vale 150.000 euros menos”
Jubilados británicos han perdido mucho dinero con casas ilegales en España. Aún luchan por obtener compensaciones.


Muchos ciudadanos extranjeros, principalmente británicos, invirtieron los ahorros de toda su vida en la compra de una casa en España, con la ilusión de disfrutar su jubilación bajo el sol. Sin embargo, cientos de ellos han perdido dinero tras descubrir que sus viviendas se construyeron ilegalmente en terrenos protegidos, lo que ha reducido su valor aproximadamente un 30% respecto al precio de compra original.
Adrian Hobbs, de 67 años, empresario jubilado de Southampton y residente en España desde hace cinco años, compró en 2001 una casa de 500.000 euros en Llíber, cerca de Alicante. Actualmente, el valor de la propiedad ha bajado 150.000 euros. Hobbs, que padece cáncer, comentó que el proceso judicial afectó su salud. “La mejor medicina que recibí fue obtener una copia de la sentencia”.
El jubilado, quien lideró la demanda colectiva, afirmó que seguirá luchando hasta recibir compensación. “No nos detendremos hasta que recibamos las compensaciones. Esta es mi promesa a los colegas que me ayudaron en esta campaña, quienes, lamentablemente, fallecieron. Murieron unas 40 personas”.
Otro caso es el de June Mason, de 73 años, quien compró una vivienda en 2002 por 250.000 euros junto a su esposo, ya fallecido. La vendió después por 375.000 euros, por debajo del valor de mercado de 425.000 euros.
“Eran la mafia”
“Fue una pesadilla desde el principio, cuando me di cuenta de que la propiedad era ilegal. Eran como una mafia”, afirmó Mason. La estafa tuvo lugar entre 1999 y 2003 en Llíber, un pequeño municipio de unos 900 habitantes, durante el auge inmobiliario español de la década de 2000.
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El caso involucró alrededor de 500 británicos cuyas propiedades, valoradas entre 200.000 y 1 millón de euros, resultaron ilegales. Los constructores Miguel Muntaner Alomar, Peter Antonius Schmidt y Trevor John Henry Bourne, junto con el arquitecto municipal Amador Signes Arabí y el exalcalde José Mas, fueron condenados por fraude y abuso de poder. Arabí, Signes, Muntaner y Bourne recibieron sentencias de dos años de prisión cada uno, mientras que Mas tiene prohibido ocupar cargos públicos durante tres años y fue multado con 1.800 euros.
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