El ataque irlandés por un contrato hotelero multimillonario a una empresa española: “Ese es el dinero de sus impuestos”
Autoridades y residentes de Tipperary cuestionan la adjudicación de un contrato de hasta 20 millones de euros a una firma española para gestionar el alojamiento de solicitantes de asilo.

El Gobierno irlandés ha adjudicado un contrato de hasta 20 millones de euros a una empresa española para gestionar el alojamiento de solicitantes de asilo en el Dundrum House Hotel, un emblemático establecimiento en el condado de Tipperary. La decisión ha generado controversia entre autoridades locales y residentes, quienes expresan preocupación por la falta de transparencia en el proceso y las implicaciones para la comunidad.
El Dundrum House Hotel, conocido por su valor histórico y como destino turístico, ha sido objeto de disputas legales relacionadas con su propiedad. Según informes, existen procedimientos judiciales en curso que cuestionan la titularidad del inmueble.
A pesar de ello, el Departamento de Integración ha avanzado con el contrato para utilizar el hotel como centro de alojamiento para solicitantes de protección internacional (IPAS), lo que ha generado inquietud sobre la legalidad y prudencia de esta decisión.
Protestas y demandas de transparencia
Desde mayo de 2024, residentes locales han mantenido protestas continuas frente al hotel, manifestando su oposición al establecimiento de un centro de asilo en la localidad sin una consulta adecuada. Los manifestantes argumentan que la transformación del hotel en un centro de alojamiento para solicitantes de asilo afecta negativamente al turismo y a la economía local. Además, denuncian la falta de información y participación en la toma de decisiones por parte de las autoridades.
Representantes políticos locales, incluidos concejales del condado de Tipperary, han instado al Gobierno a suspender la firma del contrato hasta que se resuelvan las disputas legales sobre la propiedad del hotel. Argumentan que proceder con el contrato en medio de incertidumbres legales podría resultar en un uso inadecuado de fondos públicos y exacerbar las tensiones comunitarias. “Ese es el dinero de sus impuestos que se va al exterior”, dijo el concejal Liam Browne.
La conversión del Dundrum House Hotel en un centro de asilo ha tenido repercusiones en los servicios locales. Empleados del complejo han sido informados de que no pueden trabajar en el sitio hasta completar procesos de verificación por parte de la Garda (policía irlandesa), lo que ha afectado el funcionamiento del club de golf, el restaurante y otras instalaciones. Además, se han planteado preocupaciones sobre la capacidad de los servicios locales, como educación y atención médica, para atender a una población creciente sin una planificación adecuada.
La llegada de los solicitantes de asilo sigue siendo incierta, en un clima marcado por la polarización social. Las autoridades irlandesas se enfrentan ahora al desafío de reconstruir puentes con la comunidad, ofrecer explicaciones convincentes y garantizar que la legalidad y los derechos de todas las partes, residentes, trabajadores y migrantes, estén protegidos.
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