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Adiós a las llamadas spam: la idea del Gobierno para acabar con el incordio de una vez por todas

Las compañías deben usar un prefijo para identificar las llamadas publicitarias. Por su parte, las operadoras podrán bloquear la llamada si no lo hacen.

Adiós a las llamadas spam: la idea del Gobierno para acabar con el incordio de una vez por todas
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El Gobierno trabaja para poner freno a las llamadas spam. La última medida impulsada por el Ministerio de Consumo pasa por obligar a las compañías telefónicas a bloquear una llamada que no se identifique con un prefijo.

Es decir, las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales mediante un prefijo telefónico. Si no utilizan ese código o prefijo, será la operadora quien bloquee la llamada. Por otro lado, se identificará con otro código las llamadas de atención al cliente. Para ello, el Gobierno introducirá un cambio normativo mediante dos enmiendas Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

No es la única medida que Consumo plantea para poner fin a las llamadas spam. Según desveló en la Cadena SER el ministro titular, Pablo Bustinduy, se trabaja también para declarar nulos los contratos que “se deriven de una llamada telefónica no consentida”, así como a obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento para recibir llamadas comerciales.

Sobre este último aspecto, Bustinduy expuso se seguirá el mismo modelo que para la renovación de las suscripciones contratadas de forma online. Por el momento, la ley debe finalizar su tramitación parlamentaria y ser refrendada por la Cámara Baja antes de ser publicada y sancionada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Prohibición de llamadas comerciales sin consentimiento

El Gobierno trabaja con la previsión de que este cambio normativo entre en vigor antes de que finalice 2025. Cabe destacar que, desde junio de 2023, en España, la Ley General de Telecomunicaciones recoge la prohibición de las llamadas comerciales no deseadas.

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Solo pueden efectuarse con el consentimiento del usuario, que debe ser claro y específico, y siempre que tengan un interés legítimo, tal y como recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

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