Un trabajador gana a la Seguridad Social y recupera su pensión por incapacidad absoluta de 916 euros pese a la falta de diagnóstico claro
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón al trabajador y ha reestablecido la pensión por incapacidad absoluta que la Seguridad Social había revocado a un trabajador en 2022
Un administrativo autónomo ha recuperado su pensión por incapacidad absoluta de 916,64 euros. La prestación, reconocida por la Seguridad Social en 2019, fue retirada tiempo después por la falta de diagnóstico definitivo. No obstante, los tribunales le han dado la razón al constatar que sus limitaciones funcionales le impiden ejercer cualquier profesión.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había concedido dicha incapacidad permanente absoluta en 2019. El paciente presentaba síntomas graves tales como fatiga crónica, infecciones recurrentes y deterioro físico. Sin embargo, en 2022 el INSS dio por concluida la revisión puesto que no existía un diagnóstico claro. El afectado presentó alegaciones, pero no fueron estimadas por la Seguridad Social y acudió a la vía judicial para resolver el caso.
Estas fueron algunas de las cuestiones que indicaba la Seguridad Social:
- Falta de mejoría documentada.
- Ausencia de un informe médico definitivo que explicara el origen de sus dolencias.
- Incomparecencias a ciertas citaciones médicas, que interpretaron como signo de recuperación.
- Conclusión de que las patologías detectadas no imposibilitaban el desarrollo de un trabajo administrativo.
El historial clínico del paciente
El afectado presentaba un complejo historial clínico: linfocitopenia, malabsorción por enfermedad celíaca, fatiga intensa y secuelas de una intervención quirúrgica fallida en la columna.
En cualquier caso, los médicos no lograron determinar con exactitud la causa de estas dolencias. La Seguridad Social entendió que la indefinición en el diagnóstico era equivalente a una posible recuperación.
Los tribunales le dieron la razón al afectado. El Juzgado de lo Social de Gijón y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias estimaron que sus limitaciones eran incompatibles con el desempeño de cualquier profesión, y que necesitaba ayuda incluso para las tareas más cotidianas. Además, valoraron que la falta de un diagnóstico concreto no implica que la persona esté en condiciones de retomar la actividad laboral.
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