Los españoles que pueden reclamar hasta 20.000 euros por este tipo de tarjetas: hay millones de personas afectadas
El Supremo fijó en sus sentencias que la información acerca de las tarjetas revolving “debe permitir al consumidor comprender el producto ofertado”.
Las tarjetas revolving, conocidas también como tarjetas de pago aplazado, son un tipo de tarjeta bancaria en la que dispones de un límite de crédito determinado, que se puede devolver a plazos, a través de cuotas periódicas. Estas pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente, o como una cuota fija.
Acerca de estas tarjetas, su característica principal, que le diferencia de otras, reside en la renovación mensual de la deuda derivada del crédito. Esta puede disminuir con los abonos que se hacen a través del pago de las cuotas, pero aumenta con el uso de la tarjeta y con los intereses, comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente.
Primero, fue el Banco de España quien se pronunció acerca de estas tarjetas mediante la Circular 3/2022, de 30 de marzo, con la que instó a las entidades a facilitar toda la información sobre estos productos de crédito revolving. Luego, fue el Tribunal Supremo el que dictó sentencia fijando los criterios para considerar abusiva este tipo de tarjetas.
Fueron dos sentencias pronunciándose sobre la falta de transparencia, y la abusividad de la cláusula del contrato de las tarjeta de crédito revolving. Precisamente, el riesgo a que el cliente pueda contraer una deuda “indefinida”, es el motivo por el cual el Alto Tribunal recomienda a las entidades a prestar la mejor información acerca de la contratación de este producto bancario y los riesgos que conlleva.
Pese a que la falta de transparencia no supone automáticamente que una cláusula sea considerada abusiva, en el caso de las revolving, según expone el TS, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE “no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio”. Según informó reclamador.es, tras el fallo del Supremo, los afectados pueden recuperar entre 2.000 y 20.000 euros, dependiendo de factores como el año de contratación del préstamo, o el tipo de interés de la tarjeta revolving.
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