Adiós a este impuesto en España: la UE obliga a Hacienda a retirar este tributo por “trato fiscal discriminatorio”
Bruselas abre expediente por discriminar fiscalmente con el impuesto sobre la vivienda habitual para contribuyentes no residentes.
Varapalo de Bruselas al sistema fiscal español. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por exigir a los contribuyentes no residentes el pago del 2% del valor catastral de sus viviendas utilizadas como residencia habitual. Este gravamen, aplicado a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), ha sido calificado por la UE como un “trato fiscal discriminatorio” que vulnera los principios fundamentales del mercado interior.
El expediente abierto por la Comisión denuncia que esta práctica contraviene la normativa comunitaria al impedir la libre circulación de trabajadores y de capitales, pilares del ordenamiento de la Unión. Mientras los residentes en España están exentos de tributar por el uso de su vivienda habitual, los no residentes sí deben hacerlo, lo que crea, según el Ejecutivo comunitario, un “desequilibrio injustificable”.
La medida, aplicada por la Agencia Tributaria, generó una recaudación de 137 millones de euros en 2024 solo por este concepto. Una cifra significativa dentro de los más de 4.000 millones que ingresó Hacienda ese mismo año por el IRNR, que experimentó un crecimiento del 25% respecto al ejercicio anterior. En los primeros cuatro meses de 2025, ya se han alcanzado los 1.675 millones.
La Unión Europea avisa
Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno, concediéndole un plazo de dos meses para corregir la situación. Si no hay una respuesta satisfactoria, la Comisión activará un segundo requerimiento por vía urgente antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta sala podría forzar a España a eliminar la tasa, con el riesgo adicional de imponer sanciones por incumplimiento del Derecho de la UE.
“Los contribuyentes no residentes no deben soportar una carga tributaria que los residentes no afrontan en condiciones equivalentes”, señalan fuentes jurídicas de la Comisión recogidas por La Razón.
La respuesta del Gobierno español, y en particular del Ministerio de Hacienda, será clave para evitar un enfrentamiento jurídico con Europa que podría derivar en la anulación de la normativa y en la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.
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