La Fiscalía ha ordenado investigar las cuentas del campeonato mundial de ciclismo celebrado el pasado septiembre en Ponferrada (León), una vez concluidas las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia de más de un centenar de ciudadanos.

Así, la Fiscalía de área de Ponferrada ha resuelto remitir las actuaciones al juzgado de instrucción "para la incoación del correspondiente procedimiento de diligencias previas".

El fiscal solicita la práctica de una prueba pericial contable sobre las cuentas del Mundial de ciclismo celebrado en Ponferrada que el equipo de gobierno, integrado por no adscritos e IAP, se negó a facilitar a los grupos de la oposición.

PP y PSOE reclamaron reiteradamente las cuentas, la última vez a través de la petición de un pleno extraordinario que el alcalde eludió convocar.

Ante esta situación, el PP presentó el pasado 17 de marzo en el juzgado de guardia número 1 de la capital berciana una denuncia contra el alcalde, Samuel Folgueral, por "obstruir" el acceso de la oposición a toda la documentación económica del mundial de ciclismo.

La decisión del fiscal supone, de hecho, instar al juzgado a la apertura de una investigación acerca de los delitos cuya presunta comisión sospechan los denunciantes que podrían haberse producido: prevaricación, malversación y cohecho.

Los promotores de esta iniciativa aportaron a la fiscalía cerca de un centenar de folios con documentación -principalmente copias de contratos, actas y certificaciones de acuerdos municipales- con la que sustentaban sus "dudas razonables" sobre la actuación de las diferentes administraciones y sociedades privadas relacionadas con la organización, principalmente en lo que afecta a la gestión desarrollada por la Fundación de Deportes de Ponferrada.

Entre los argumentos esgrimidos se hacía especial hincapié en la similitudes tanto con el llamado 'caso Marbella' como con los fundamentos jurídicos que determinaron la imputación de la infanta Cristina en el caso Noos.

En su escrito, los firmantes sugerían a la Fiscalía "dilucidar la condición de la Fundación de Deportes como órgano del ámbito público o privado, como alega el Ayuntamiento, y si los contratos firmados por la Fundación en la gestión del encargo municipal deberían de haber sido sometidos a las disposiciones de derecho público, considerando que la mayoría de su financiación procedía de fondos públicos".

En caso de determinarse que los contratos firmados por la Fundación deberían haber sido sometidos a las disposiciones de derecho público, proponían igualmente "dilucidar si los ediles eran conocedores de este hecho, desde el momento en el que la mayoría de su capital procedía de fondos públicos.

Finalmente, pedían investigar "si los intentos para ocultar las cuentas del evento tienen interés en tapar hechos constitutivos de delito penal de prevaricación, malversación de fondos públicos o cohecho".

También si los contratos de supuesto patrocinio ligados al Mundial de Ciclismo "entran dentro de los supuestos contemplados en el artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad o se puede tratar de contratos de obra y servicio encubiertos".